Diez claves de la reforma impositiva que ahora el Gobierno deberá negociar

Los funcionarios pusieron sobre la mesa las modificaciones que prevén hacer en el sistema fiscal; qué implicaría cada uno de los puntos para las empresas y las personas que se verían alcanzadas

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06-11-2017

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Una carga impositiva alta, con distorsiones e inequidades; una parte significativa de la economía en la informalidad y una burocracia fiscal de tal nivel que todo lo encarece, son algunos de los rasgos que definen el escenario en el que se debate la reforma impositiva. Se suman otros factores: una relación muy intrincada entre la Nación y las provincias en lo que a la cuestión fiscal se refiere; un déficit del sector público que se pretende reducir en forma gradual; un gasto público en el que alrededor de dos tercios es prácticamente inflexible (se trata, básicamente, de jubilaciones y prestaciones sociales), y una necesidad de mejorar las condiciones de competitividad, algo que incluye correcciones al sistema tributario pero también una mejora en la infraestructura, una cuestión, ésta última, que se traduce en requerimientos de dinero para la obra pública.

El primer paso para andar por la laberíntica discusión por los cambios impositivos lo dio formalmente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un discurso en el que insistió en el concepto de responsabilidad fiscal como uno de los ejes de esta era de "reformismo permanente".

Qué cambios se aplicarán finalmente y de qué manera la reforma impactará en las cuentas de las empresas y en los bolsillos de las personas, es algo que dependerá de los resultados de una negociación política que recién se inicia. ¿Qué cargas fiscales están en revisión? A continuación, una síntesis de las propuestas y de las primeras repercusiones.

INGRESOS BRUTOS

Esta carga impositiva, que se considera muy distorsiva para el sistema productivo, es de nivel provincial. Por eso, el Gobierno promueve acuerdos con las jurisdicciones y las insta a buscar un equilibrio en sus cuentas. Por lo general, es un desafío muy significativo el de aliviar este impuesto, porque Ingresos Brutos suele representar hasta 7 de cada 10 pesos que obtienen las provincias de sus propias recaudaciones.

Hasta ahora, tres jurisdicciones anunciaron proyectos para reducir, desde 2018, el peso de este tributo, con la contrapartida de una mayor imposición a los patrimonios. Se trata de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Va a ser ardua la negociación [entre la Nación y las provincias]; la reforma debe ir disminuyendo el peso de Ingresos Brutos hasta su eliminación en el mediano plazo", sostiene el tributarista César Litvin, que define a esta carga como "un impuesto tóxico", que acumula costos en todas las etapas de la producción, se calcula sin considerar si hay pérdidas y ganancias "y afecta terriblemente la capacidad de exportar". En 2016, según recordó, 11 provincias incrementaron alícuotas. El miércoles último, en medio de los ecos del anuncio de la reforma impositiva, la Corte Suprema de Justicia emitió una señal clara a favor de un alivio para los contribuyentes: declaró que es inconstitucional que las provincias cobren alícuotas más elevadas cuando las empresas comercializan productos que fueron fabricados fuera de sus territorios.

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS

Junto con Ingresos Brutos, este tributo fue definido por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como uno de los que tienen efectos "en cascada", porque agrega costos en los distintos eslabones de la cadena productiva. Nació durante la crisis de inicios de siglo como un impuesto de emergencia y con vigencia por un año, pero se extendió, prórrogas mediante, hasta la actualidad. Hoy representa alrededor del 10

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